Dejamos en la última charla un tema candente que parece acaparar él solo todos los afluentes del río de tinta habitual de los períodicos conocidos.
El juez Garzón, personaje controvertido como el que más, está protagonizando estos días uno de esos espectáculos políticos con los que nos tienen entretenidos hasta las tantas en los debates de La Noria.
Reconozco que si no fuera porque el horno de España no está para bollos y porque la situación económica del país te deja helada la sonrisa, disfrutaría con este nuevo set que enfrenta en el mismo partido de tenis a los dos grupos principales del escaparate político del Congreso.
Pienso, en mi humilde opinión que cuando se habla del dicho juez, constantemente se mezclan dos asuntos que no tienen nada que ver entre sí pero que sirven nuevamente para que cada bando pueda posicionarse en una esquina del ring y continuar la pelea.
Por una parte, Garzón ha sido denunciado por prevaricación. En cuanto a ésto, solamente tengo que decir que si realmente alguien tiene prueba de ello, debe ser un tribunal quien decida qué hay de cierto y en qué ha consistido ese supuesto delito del que lo acusan. Y creo que debe ser así porque en España nadie, ni Garzón ni Periquito el de los Palotes, debe estar por encima de la ley por mucho beneficio que haya aportado al país ni por mucho que nos coloque la mosca en la oreja el grupo o mentalidad del que haya salido la denuncia. Por supuesto presupongo limpieza en el proceso porque de otra manera el juez que lo juzga cometería el mismo delito que el juzgado (permitidme el juego de palabras).
Por otro lado, distinto es el derecho de los españoles que se sienten víctimas a exigir que se investigue la forma en que acabaron sus días seres queridos de los que nunca más se supo hace ya demasiados años. España debería tener ya madurez democrática suficiente para afrontar con valentía su historia y su pasado. No creo, sinceramente, que las manifestaciones del último fin de semana pongan, como se ha repetido hasta la saciedad, en peligro el sistema. Probablemente en este caso, algunos políticos deberían hacer eso que en catequesis llamábamos "examen de conciencia" y pensar si no se desestabiliza más un sistema cuando se saca la gente a la calle para manifestarse contra una ley, elaborada y refrendada por un gobierno puesto en la palestra con la legitimidad que confieren las urnas.